LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA RECHAZAN INCLUIR UNA PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS DE 2024 PARA GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE RUZÁBAL

• Nacionalistas Vascos y Socialistas vascos se niegan a “condicionar” a los próximos representantes de la Cámara vizcaína que son los que deben aprobar la Cuentas del año próximo.

(Bilbao, a 28 de febrero de 2023). Con los votos en contra de Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Elkarrekin Bizkaia, el voto afirmativo de EH Bildu y la abstención del grupo Mixto-PP Bizkaia, la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales ha rechazado hoy una proposición no de norma de la coalición abertzale con la que se pretendía instar a la Diputación, “con carácter provisional”, a incluir en los presupuestos de 2024 una partida para “garantizar” la financiación de las entidades locales de la Junta de Ruzábal de Orduña.

La iniciativa de EH Bildu pretendía incluir ya en las Cuentas del año próximo un tratamiento “específico” para cubrir los servicios de esta Junta que aglutina a las aldeas de Belandia, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo y Mendeika, o sea, “la mitad” del término municipal de Orduña. Hasta la fecha ha sido el ayuntamiento, ha apuntado el juntero Zigor Isuskiza, quien ha venido sosteniendo las necesidades de un “tesoro histórico”• que data del siglo XV. 

Pese a reconocer la relevancia histórica de este organismo, único en Bizkaia, y sin poner en duda su modelo de gestión, los dos grupos que apoyan al Gobierno foral han rechazado la iniciativa para “no condicionar” el trabajo de los representantes que salgan elegidos de las próximas elecciones de mayo. Son ellos los que tienen que negociar el contenido de las cuentas de 2024.

De todas formas, todos los grupos junteros han coincidido en que sea la comisión mixta creada por Eudel y la Diputación, que está revisando la financiación municipal, la que “tenga en cuenta” este tema a la hora de establecer el reparto entre los municipios. Actualmente, el ayuntamiento de Orduña tiene consignados “cerca de 50.000 euros” para financiar la Junta de Ruzábal, han apuntado desde EH Bildu, grupo que ya planteó en las enmiendas presupuestarias establecer una partida de “100.000 euros” para que fuera  la Diputación la que corriera con los gastos.

En este sentido, Nacionalistas Vascos y Socilistas Vascos habían incluido una enmienda a la totalidad, que no ha sido aceptada por EH Bildu,  con la idea de que,  en el marco del trabajo de esta comisión mixta, “se estudiase” la realidad de las entidades locales menores. Y es que es esta comisión la que debe proponer, según ellos, “los nuevos criterios de reparto de los fondos municipales que servirán para la redacción y en su caso aprobación de la nueva Norma Foral de haciendas locales.”

PETICIONES INFORMATIVAS DE LA CIUDADANÍA EN 2022

Por otro lado, la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia ha recibido hoy a los máximos responsables de la Comisión de Reclamaciones para dar cuenta del correspondiente informe anual de su actividad en materia de transparencia. Dicho informe recoge el recorrido que han hecho las reclamaciones de la ciudadanía ante solicitudes de acceso a información pública que han sido denegadas por la Diputación.

Así, de las 13 resoluciones dictadas a lo largo de 2022 por este órgano, 1 daba respuesta a una reclamación formulada en el año 2021 y las restantes se han referido a 12 reclamaciones que fueron presentadas durante el año pasado. “Todas” ellas fueron resueltas en 2022 por la Comisión de Reclamaciones, según ha resumido su presidenta María Barrena Ezcurra. Dicha comisión estimó seis reclamaciones a favor del solicitante; cuatro quedaron contestadas fuera de plazo por la Administración, con lo cual se archivó el procedimiento de queja; y las otras tres fueron desestimadas por distintas razones.

Por departamentos, y según se recoge en el informe, cuatro reclamaciones afectaron a asuntos que maneja el área de Sostenibilidad y Medio Natural; tres reclamaciones hicieron referencia a actuaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas, y otras tres tenían como destino reclamar información de Acción Social. A su vez las áreas de Administración Pública y Relaciones Institucionales, y de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, así como el IFAS, se encontraron con una única resolución a lo largo del año pasado.

Además, y de acuerdo con la información facilitada hoy a la comisión, durante 2022 se registraron 71 solicitudes de acceso a información pública. La gran mayoría se aceptaron (60) y otras no cumplieron con algún condicionante por lo que fueron desestimadas. Cuatro se encuentran todavía pendientes de resolución.

Los grupos de la oposición han lamentado los “escasos” números que se extraen de la Memoria de Actividades de la comisión de Reclamaciones en Materia de Transparencia de Bizkaia. Teniendo en cuenta la población de Bizkaia, es “muy poca gente”, según la juntera Arantza Urkaregi, la que utiliza esta vía para solicitar información a la Diputación. “Es verdad”, ha constatado Barrena, “pero quizás tenga que ver con la participación de la ciudadanía en la actividad política”.

INFORMACIÓN POR UN PROYECTO EÓLICO

Por último, Elkarrekin Bizkaia ha preguntado a la Diputación, en concreto a la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, “por llevar la relación con los municipios”, por el Informe elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de parque eólico Artzentales-Sopuerta entre los montes Alén y Mello. La formación morada quería saber si la Diputación va a trasladar a los municipios afectados (Artzentales, Sopuerta, Galdames y Muskiz) dicho informe, que es “preceptivo, pero no vinculante”.
 
Finalmente, la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi, ha sido la encargada de comparecer, ya que su departamento fue el responsable de emitir el correspondiente informe y trasladarlo al Gobierno vasco, que es quien debe decidir en último lugar sobre el proyecto presentado por la empresa Euskal Haize S.K. que pretende instalar 8 aerogeneradores con una capacidad de 49,6 MW. Antxustegi ha asegurado que la Diputación “no tiene ningún inconveniente” en remitir dicho informe a los ayuntamientos afectados pese a no estar en su cometido. De todas formas, ha advertido que en materia de información, la Diputación está aplicando la normativa vigente y que la ciudadanía puede acceder de manera digital al contenido del proyecto, como lo ha hecho ya “un particular”.