LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA ATIENDEN QUEJAS CIUDADANAS SOBRE EL PEAJE DE DESKARGA Y LA SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS
- La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de la Cámara foral ha escuchado hoy las demandas de dos trabajadores de Irizar, perjudicados por los peajes de la A-636, y de tres representantes del sindicato LAB.
- El Parlamento de Bizkaia tumba una propuesta de EH Bildu para que la Diputación elabore un “informe técnico” que estudie la integración de San Antonio de Abiña en Busturia.
(Bilbao, a 6 de mayo de 2022). La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia ha recibido hoy a dos trabajadores de la empresa Irizar y a tres representantes del sindicato LAB, quienes han puesto sobre la mesa sus demandas en relación al peaje de la A-636 (Deskarga) y la situación de las residencias concertadas de Bizkaia, respectivamente.
Aitor Blanco González y Zoraida Moreno Bator, ambos residentes en Bizkaia y trabajadores de la empresa Irizar, han puesto el foco en la situación que viven muchos vizcaínos y vizcaínas que trabajan en el Goierri guipuzcoano y que sufren el aumento de gasto derivado por la puesta en marcha del peaje de la A-636 (conocida como la autovía de Deskarga) entre Beasain y Bergara. Ambos han solicitado que se recoja en la normativa de Bizkaia una subvención para cubrir parte de los gastos generados por el incremento de coste de sus traslados diarios, que sólo en peajes “casi se ha duplicado”, pasando de “85,09 euros” mensuales a “171,09 euros”. A este aumento “abusivo”, habría que añadir la subida de los combustibles. Según ellos, sus gastos mensuales han pasado a ser de “459 euros”, frente a los “378 euros” del año pasado.
La situación la están “sufriendo” conductores de Bizkaia y Araba que por motivos laborales tienen que desplazarse todos los días a empresas del Goierri, como Irizar, CAF, Indar o Ampo, que están a unos “75 kilómetros” de distancia desde el Bilbao metropolitano. No así las personas residentes en Gipuzkoa que cuentan con descuentos de “entre el 55% y el 75%” en el peor de los casos por usar Deskarga, o con una tarifa fija de “34,15 euros” al mes.
Tampoco existen alternativas de transporte público, ni opciones de alquiler en la zona por los elevados precios de la vivienda, y la opción de compartir coche es “complicada”l debido a la disparidad de horarios y destino del personal de estas compañías enlas que existen “preocupación”. “La gente está valorando irse a trabajar a otras empresas”, han advertido. Ambos trabajadores de Irizar han dejado claro que no reniegan de pagar un peaje “porque las infraestructuras son caras y hay que mantenerlas, pero tiene que ser a un precio asumible”, ha zanjado Moreno.
Los grupos junteros de la oposición han recogido el guante, si bien el grupo Mixto-PP Bizkaia ha lamentado que su petición se vaya a dar “contra un muro” ya que la actual política viaria de la Diputación foral de Bizkaia apuesta por implantar “más peajes”. Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu han coincidido en señalar que la situación es “injusta” y “discriminatoria”. El grupo morado ha anunciado que estudiará el caso y planteará una iniciativa parlamentaria para su debate en las Juntas. “Debe haber una coherencia entre los tres territorios, porque somos un país pequeño”, se ha señalado desde la bancada abertzale. Por su parte, los representantes de los grupos que apoyan al Gobierno foral (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos) han agradecido las explicaciones de las personas comparecientes; Blanco residente en Sondika y Moreno en Etxebarri.
“GRAVE” SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE BIZKAIA
La Cámara vizcaína ha acogido la comparecencia de tres delegadas del sindicato LAB, que han descrito lo que para ellas es una situación “grave” de las residencias de Bizkaia. Han recordado las causas que están motivando las últimas movilizaciones del personal que trabaja atendiendo a las personas mayores.
Nekane Olalde Azkarate, Mónica Rojo Riaño e Idoia Bustinza González, han acudido a las Juntas a “pedir ayuda y manos” para cambiar el modelo de residencias de Bizkaia. “No es cuestión de más sueldo”, sino de “pedir ayuda” para que se modifiquen los ratios, “porque no se pueden permitir que estas empresas buitre hagan de nuestros ancianos y de las trabajadoras un negocio” ha enfatizado Olalde, trabajadora de la residencia Abeletxe de Ermua. Las trabajadoras del sector y representantes del sindicato abertzale han denunciado que en estos dos años de pandemia, las cosas “han ido a peor” y las trabajadoras “están al límite de sus posibilidades”. Se necesitan “más manos” que atiendan a nuestros mayores, y eso pasa, según ellas, por mejorar los ratios.
Mónica Rojo, con una experiencia de 20 años, ha denunciado el “incumplimiento” de los convenios por parte de las empresas, y ha pedido “limitar” el beneficio empresarial “a un máximo del 2%” y establecer las “mismas” condiciones laborales entre residencias públicas (4 en Bizkaia) y concertadas (155). En estas últimas, el salario viene a ser de “1.200 euros”, “insuficiente” para garantizar una vida independiente. Rojo ha pedido también la “publificación” de los servicios sociales y otras mejoras como el reconocimiento de enfermedades y riesgos profesionales, como las lesiones musculo-esqueléticas, la ansiedad o la depresión, para un colectivo que está obligado a jubilarse a los 67 años, “sin posibilidad de conciliar ni de reducir la jornada llegada cierta edad”.
TERRENOS DE SAN ANTONIO DE ABIÑA
Por su parte, la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía han rechazado una propuesta de EH Bildu para pedir a la Diputación la realización de un “informe técnico” sobre la decisión de integrar el barrio de Abiña en Busturia. La iniciativa ha sido rechazada por 6 votos a favor –la oposición al completo- y 9 votos en contra. Los grupos que sustentan el Gobierno foral han defendido su postura contraria por mantener que el caso “ya ha sido juzgado” y que en su día ya se hicieron los informes técnicos necesarios para que las Juntas Generales de Bizkaia tomaran en febrero de 2017 una decisión.
La plataforma ciudadana Sandinderi reclamó el 11 de marzo en la misma comisión que se “subsanara” este acuerdo plenario y se devolviera a Sukarrieta el barrio de San Antonio de Abiña, que pasó a ser Busturia definitivamente tras aprobarlo la Cámara vizcaína.
La disputa de los terrenos, en el que se encuadra la playa del mismo nombre y el Centro Urdaibai de BBK, que en estos momentos pertenecen a Busturia, se remonta a hace más de una década. Uno de sus últimos capítulos ocurrió hace un año cuando el Tribunal Supremo decidió cerrar la vía judicial al no admitir el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Sukarrieta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por este municipio contra el acuerdo de Juntas Generales de Bizkaia de integración del barrio de Abiña en Busturia. Por eso, jeltzales y socialistas no entienden que haya grupos que quieran de nuevo reabrir este asunto.
