LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBAN EN COMISIÓN UN CAMBIO NORMATIVO EN EL IRPF PARA PERMITIR LA TRIBUTACIÓN CONJUNTA A PERSONAS PROGENITORAS SEPARADAS
- El visto bueno de la Comisión de Hacienda y Finanzas a una enmienda transaccional de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Bizkaia, tendrá que ser refrendado por el pleno para que la modificación entre en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
- Dicho acuerdo ha sido presentado hoy en la comisión en la que se han rechazado dos proposiciones de norma foral, una de EH Bildu y la otra del grupo Popular Vizcaíno.
(Bilbao, a 7 de octubre de 2026). La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado la modificación del artículo 98 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La medida se ha materializado mediante una enmienda transaccional suscrita de forma conjunta por Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia. Esta reforma busca solucionar los perjuicios económicos e incidencias prácticas generadas a familias separadas o divorciadas tras la revisión fiscal de 2025.
El orden del día de la comisión fijaba inicialmente el debate y votación de dos proposiciones de norma foral independientes: una iniciativa registrada por el grupo Popular Vizcaíno y otra planteada por EH Bildu. Ante ambas propuestas, las otras tres formaciones de la Cámara, que ya acordaron la revisión fiscal de 2025, han unificado el marco normativo a través de la citada enmienda transaccional, articulando expresamente su aplicación con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 para amparar las liquidaciones tributarias del presente ejercicio.
El texto acordado flexibiliza los criterios de acceso a la tributación conjunta bajo premisas de equidad fiscal. En primer lugar, se establece un umbral objetivo de pensión alimenticia de 235 euros mensuales por hijo o hija, por debajo del cual —o ante impagos totales— se presume que la persona progenitora custodia asume en solitario el sostenimiento económico. Asimismo, se simplifican las vías de prueba admitiendo demandas judiciales de reclamación o declaraciones juradas con salvaguardas antifraude. En supuestos de custodia compartida, se permite acogerse al beneficio fiscal cuando una de las partes incumpla los gastos ordinarios de convivencia, previa acreditación judicial. Por último, se preserva la exención de probar el mantenimiento exclusivo a las mujeres víctimas de violencia machista o doméstica para evitar situaciones de desprotección.
Durante el debate, las y los portavoces de las cinco formaciones han valorado el acuerdo positivamente con ciertos matices. La enmienda ha contado con el sí de los tres grupos que la han presentado y la abstención de los dos grupos que proponían otro texto normativo, o sea, EH Bildu y PP.
La juntera Arantza Sarasola Lartategi, de EH Bildu, ha sostenido que su iniciativa buscaba revertir el "problema económico importante" causado a muchas familias y abrir un debate sosegado sobre la pérdida de capacidad económica al tener descendencia. Ha lamentado que su propuesta no haya sido respaldada y, pese a las “contradicciones” en las que han entrado los grupos proponentes, "no seremos una dificultad” para corregir una situación “injusta”.
Por su parte, Diego Pagadigorria Wicke, del grupo Popular Vizcaíno, ha señalado que, aunque la transacción contiene elementos que no convencen plenamente a su grupo, han facilitado su aprobación en comisión, afirmando que tampoco van a ser un “obstáculo”. El representante popular ha constatado, eso sí, la dificultad de aplicación del cambio normativo.
Por otro lado, Eneritz de Madariaga Martín, del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, ha resaltado la efectividad de la corrección al manifestar que “se solventa el problema que se había generado con la aplicación del artículo 98, sin volver al modelo anterior y respetando el objetivo que perseguíamos", que consiste en proteger a quien sostiene realmente el cuidado de sus hijas e hijos. “Corregimos el problema generado con la reforma anterior, manteniendo el fondo de la norma”, ha dicho.
A su vez, Alberto Álvarez Castejón, del grupo Socialistas Vascos, ha justificado el ajuste al aseverar que "un legislador responsable no es el que nunca se equivoca, es el que mira los efectos de sus normas y los corrige cuando no responden a lo que pretendía", ponderando la trascendencia de la retroactividad desde 2025.
Finalmente, Ainhoa Pielo Muguruza, de Nacionalistas Vascos, ha destacado que "gracias a la voluntad de acuerdo se ha llegado a la misma" y ha concluido que el texto se adecúa a la realidad de los hogares "garantizando el principio de justicia fiscal, de igualdad y de protección a las familias más vulnerables".
