LA PLATAFORMA CIUDADANA “VARIANTE YA” DE ERMUA PLANTEA EN LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA UN PLAN ALTERNATIVO PARA DESVIAR DE FORMA TEMPORAL EL TRÁFICO PESADO

• Además de escuchar las demandas de “Ermuko Saihesbidea, Variante Ya”, la  Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia, ha recibido hoy a dos trabajadoras de APNABI que han mostrado su preocupación por la “falta” de recursos para mantener salarios “dignos” y servicios sociales de calidad.

(Bilbao, a 17 de febrero de 2023). La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia ha recibido hoy la visita de representantes de la plataforma ciudadana “Ermuko Saihesbidea, Variante Ya”, de Ermua, y de trabajadores de la asociación de padres de afectados de autismo y otros trastornos del espectro autista de Bizkaia (APNABI).

En la segunda comparecencia del día, representantes de la plataforma ciudadana de Ermua han mostrado su hartazgo por el parón que está sufriendo desde hace años el proyecto de la Variante de Ermua, aprobado hace diez años y que todavía está sin finalizar. En 2018 se inauguró la primera de las tres fases con la apertura de los túneles de Uretamendi.

El vecino que ha hecho de portavoz de este colectivo ciudadano en las Juntas Generales, Benito Betegon, ha pedido a los grupos junteros que se involucren en hacer realidad “ya” esta variante. Sin ejecutarse el tramo que falta, los vecinos y vecinas de Ermua seguirán soportando el paso de “1.300 camiones diarios” por el centro urbano con destino a los polígonos de Goitondo y Urtia, si bien han planteado una doble alternativa para desviar estos tráficos por otras carreteras.

Antes de detallar las restricciones de tráfico que plantean para los vehículos pesados, los integrantes de esta asociación se han quejado de la actitud de los dos partidos que apoyan al Gobierno foral –PNV y PSE- por “no haber cumplido” con Ermua. Betegon ha criticado que se hayan perdido 4 años con la “excusa” de incluir el proyecto en el nuevo PTS de Carreteras. “Los mismos que nos pedían paciencia, se movilizan con nosotros ahora”, ha ironizado.

Tras “reprender” la actitud de ambas formaciones, Betegon ha lamentado que la Diputación  haya dejado “caducar” los informes medioambientales con el coste económico que esto supone para las arcas públicas, cifradas, según él, “en un millón de euros”. Están en las Juntas Generales para pedir a los grupos junteros un “compromiso real” para acabar con una “pesadilla” que ha durado hasta ahora “20 años” y que el departamento de Infraestructuras quiere alargar “otros 15”.

Tras el tirón de orejas, la plataforma ha explicado a los grupos un plan “alternativo” para desviar el tráfico pesado de forma temporal hacia los polígonos de Urtia y  Goitondo sin pasar por las calles del municipio vizcaíno, que será comunicado también al ayuntamiento de Ermua.

La plataforma ha diseñado dos desvíos diferentes de tráfico (ver planos). Para el primero, la plataforma ciudadana plantea un desvío por la N-634 para que los camiones no tengan que atravesar 1,8 kilómetros de vías urbanas. Alargaría el trazado hasta los 7,6 kilómetros con solo 100 metros de trama urbana, frente a los 3 kilómetros que recorren los camiones en la actualidad.

En cuanto la alternativa para llegar al polígono Goitondo, esta alternativa se antoja “más complicada”, ya que se pasaría de un recorrido de 4,6 kilómetros a uno de 20,3. La principal virtud de esta solución es que no se circularía ni un solo metro por núcleo urbano, frente a los 2,2 kilómetros que los camiones hacen ahora para llegar a este polígono.

PRECIOS/PLAZA SIN ACTUALIZAR EN APNABI

Por otro lado, en la primera comparecencia de la comisión, los grupos junteros han escuchado la “difícil” situación económica que está viviendo APNABI, que “vive exclusivamente de fondos públicos”, tanto de Gobierno vasco como de la Diputación foral de Bizkaia. Han sido dos trabajadores de esta entidad, Marta Bringas y Alberto Corral, los que han acudido a las Juntas Generales de Bizkaia a explicar los problemas que vive el colectivo de trabajadores.  

En primer lugar, las personas comparecientes han hecho un repaso de APNABI, una entidad que cuenta con 45 años  de historia,  tiene firmados veintiún convenios con la citada administración y ofrece sus servicios a través de 22 centros (once recursos de centros de día, ocho residencias y dos hogares de menores en situación de desprotección), además de un servicio de respiro familiar que cubre 122 días de servicio al año. En total son “337 plazas convenidas con la Diputación” y “ cuatro consignaciones presupuestarias” que suman “733.000 euros”. La asociación cuenta hoy con “1400 familias asociadas” y ofrece una atención a personas con TEA a través de un equipo formado por “279 profesionales (232 mujeres y 47 hombres)”.

Tras ofrecer estos datos, Bringas ha denunciado que “solo” se han actualizado cuatro de los veintiún convenios firmados con la Administración foral. En estos cuatro sí se ha actualizado el precio/plaza al IPC, concretamente “en la residencia Goikoa, el hogar Fruiz, el centro de Madarias y el hogar Mendialde”. El resto tienen los precios congelados desde hace años. Por ejemplo, 11 centros de día trabajan con las tasas de 2016. En cuanto a las residencias, la de Erandio tiene su precio congelado desde 2014; otras tres desde 2015; y dos, manejan precios de 2019 y 2021, respectivamente. Ante esta situación, “difícilmente” se puede hacer frente a la actual coyuntura económica, tanto por parte de los trabajadores como por parte de APNABI, entidad que “no tiene fondos” para negociar con los trabajadores, pese a admitir que recientemente se ha firmado un convenio colectivo hasta el año 2026. En este contexto, Bringas ha pedido “indexar” los precios a la inflación. 

La situación de APNABI se puede “asemejar a la que vive todo el sector de los cuidados de personas con discapacidad funcional”, ha dicho. Así, el sector está “feminizado y precarizado”. La diferencia salarial con respecto a los trabajadores del IFAS llega al “60%”, por lo que han pedido equiparación para que se mantengan unas condiciones salariales “dignas”. Además, han pedido a la Diputación que analice la situación de los trabajadores y de la prestación del servicio, fiscalizando los recursos a través de auditorías económicas y sociales “que no se hacen”. También han denunciado el “elevado índice de agresiones al personal” y la existencia de “duplicidades” de personal administrativo, tanto en APNABI como en otras asociaciones.