LA DIPUTACIÓN CALCULA QUE LA ELIMINACIÓN DEL VIADUCTO DE REKALDE DE LA A-8 LLEGARÁ TRAS "116 MESES" DE TRÁMITES Y OBRAS
- El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, dice en el pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia, que la variante y el derribo requerirán de un “enorme” esfuerzo técnico, administrativo y presupuestario.
- Rementeria insiste en que su Gobierno tomará una decisión sobre la participación de la Diputación en el soterramiento del TAV en Bilbao cuando se conozca el proyecto y exista un presupuesto.
(Gernika, a 25 de mayo de 2022). La Diputación foral de Bizkaia “avanza” en la eliminación de los viaductos de la A-8 de Rekalde “en lo que hoy es posible”, según ha mantenido hoy el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, en el pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia. Pese a que existen “otros compromisos adquiridos” en materia de infraestructuras a corto plazo, el responsable foral ha asegurado en Gernika que su departamento “sigue dando pasos”, iniciando los estudios previos sobre el terreno para conocer los “puntos críticos” y tener, en un plazo de “6 meses” el pliego técnico de licitación para contratar “posteriormente” la elaboración del proyecto constructivo de la variante de Rekalde. Pradales ha calculado que serán necesarios “116 meses” de trámites y obras de “enorme complejidad” para que Rekalde disfrute de un barrio sin estas barreras de hormigón.
Los dos grupos junteros que han interpelado al Ejecutivo foral por esta cuestión, EH Bildu y grupo Mixto-PP Bizkaia, han pedido a la Diputación precisamente que se den pasos en la materialización de una variante que permita eliminar los viaductos sobre el barrio bilbaíno. El popular Eduardo Andrade ha dicho que el Gobierno foral “nunca” ha tenido un compromiso “firme” con los vecinos y vecinas de Rekalde y, por eso, ha pedido que pase a ser un proyecto “prioritario”, ya que ahora “hay suficiente dinero”.
En la misma línea, el apoderado de EH Bildu Raúl Méndez ha pedido una fecha a la Diputación que ponga fin a la construcción de una variante y posterior derribo del viaducto, ya que son “47 años” sufriendo “malos humos, emisiones, contaminación, ruidos y accidentes”. “Es una deuda y no hay excusas”, especialmente desde la aprobación en marzo del PGOU de Bilbao, para que se inicie la elaboración de un proyecto constructivo y se de “la misma prioridad” a este proyecto que a la Supersur o al subfluvial de Lamiako.
Tras estas palabras “gruesas”, Pradales ha recordado lo que el Gobierno foral “ha mantenido hasta ahora”, trayendo a colación el Documento de Directrices y Criterios Generales del PTS de Carreteras que fue aprobado en el año 2019. En él se establecía un plan “posibilista” para avanzar en la materialización del proyecto tras la aprobación del Plan General Urbanístico de Bilbao, cuestión que fue finiquitada el pasado 31 de marzo. En dicho plan se recoge ya la llamada “Alternativa II” como solución “más adecuada”, acordada con el ayuntamiento, mediante una vía nueva de 2.200 metros de longitud, la mayoría subterránea, entre Masustegi y El Fango.
Pradales ha recordado que para la completa eliminación de los viaductos es necesario previamente construir esta variante. Ambas cuestiones exigen “un largo camino de estudios, de trámites administrativos, urbanísticos, y medioambientales que se deben ir superando”. Es decir, tras la elaboración del proyecto constructivo de la variante, la alternativa que se necesita antes de la demolición, que se completarán en “48 meses”, serán necesarios “68 meses adicionales” de obras para construir la variante y demoler el viaducto. En total, “la realidad” es que “serán necesarios 116 meses de trabajo constante y permanente” para construir la variante y derribar el viaducto, lo que requerirá de un “enorme esfuerzo técnico, administrativo y llegado el caso presupuestario”.
PATRIMONIO INDUSTRIAL Y DESCANSO DE PERSONAS CUIDADORAS
Por su parte, el grupo Elkarrekin Bizkaia, a través de otra Interpelación, se ha interesado por conocer las políticas forales de conservación y protección del patrimonio cultural inmueble en Bizkaia. Héctor Fernández ha asegurado que la Diputación “rehúye de actuar” cuando la ley le capacita para intervenir directamente ante un bien cultural que está en peligro, como ocurre con el Edificio Molinos Vascos. Ha pedido que la institución foral eche mano de fondos especiales para estos casos y que descarte actuar solo como “mediador”, que es la postura “más barata”.
La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, en base al “balance” que según ella le ha pedido el grupo morado, ha querido dejar claro el marco normativo, como es la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasca, que limita las funciones del Ejecutivo foral. Dentro de este marco legal, la Diputación ha realizado en los últimos siete años, “1.800 intervenciones” en bienes protegidos, lo que da una media anual de “250 intervenciones”. Asimismo, se han realizado en este periodo “1.400 inspecciones” para valorar el estado de este patrimonio. Pese a estos números, Bilbao ha dicho que los esfuerzos son “limitados”. “Nos gustaría hacer más pero la situación actual nos marca otras prioridades”.
El apartado de las Interpelaciones ha concluido con el despliegue del Estatuto de las Personas Cuidadoras que a juicio de EH Bildu está obteniendo datos “preocupantes”, ya que únicamente 221 personas cuidadoras se acogieron al descanso de 15 días en el segundo semestre de 2021. La coalición abertzale ha preguntado también por el despliegue de la persona coordinadora de casos y por la participación del sector en la Zaintza Eskola.
El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha pedido que se de tiempo a que los programas de respiro “cojan poso” en la sociedad vizcaína, ya que vemos una evolución “positiva” y desde que se pusieran en marcha en 2019, el aumento esta siendo “exponencial”. En el primer cuatrimestre de este año se han multiplicado “por cinco” las personas cuidadoras que han solicitado acogerse a esas dos semanas de “vacaciones”. Entre enero y abril fueron “73”, frente a las “13” del mismo periodo de 2021. A esto hay que sumar el aumento “en un 33%” de las plazas de respiro para personas con discapacidad, o las “más de 1.200 personas” que cuentan hoy con otra fórmula de respiro parcial a través de los Centros de Día.
PREGUNTAS ORALES
En el apartado de las preguntas orales, los grupos de la oposición han cuestionado al Ejecutivo foral por la llegada del TAV a Bilbao, un convenio con las Madres Mercedarias para la gestión de la residencia de Ibarra, en Elorrio, la desanexión de Usansolo, el canal presencial de la campaña de la Renta 2021, y el bidegorri de Alonsotegi.
El Diputado General ha vuelto a subir al atril de la Cámara foral –ya lo hizo en el pleno de control del 22 de febrero por la misma cuestión- para responder al grupo Mixto en relación a si la Diputación va a entrar a financiar el soterramiento del TAV en Bilbao y la estación de Abando. Unai Rementeria ha mantenido que la decisión se tomará “cuando se tenga que tomar”, es decir, cuando exista un proyecto que dibuje las características de la obra y detalle el presupuesto necesario, “en un ámbito competencial que es ferroviario y urbanístico”, ha recordado.
EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia han preguntado por el convenio de colaboración que mantiene la Diputación con las Madres Mercedarias para la gestión del centro de personas discapacitadas de Ibarra, en Elorrrio. Sergio Murillo ha informado que actualmente su departamento “tiene conveniadas 63 plazas” de un total de 74 y que el dinero público invertido “está justificado”. Le consta que se ha destinado a pagar los salarios de las 43 personas contratadas y a dar atención a los usuarios y usuarias.
El grupo morado ha traído al pleno el estado del procedimiento de desanexión de Usansolo respecto al municipio de Galdakao. El último capítulo es la consulta popular celebrada en el barrio el 27 de marzo y que reflejó un 80% de apoyo a la separación, así como la documentación que el ayuntamiento ha remitido ya a la Diputación para que se inicie el proceso.
La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, ha confirmado que concluido el informe de suficiencia económica, la comisión jurídica asesora foral está analizando la memoria para emitir un dictamen antes de que finalice el plazo, “el 16 de junio”. Después será el Consejo de Gobierno quien tiene que tomar una decisión definitiva sobre si eleva la causa a las Juntas Generales de Bizkaia.
A preguntas de EH Bildu, el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha explicado algunos detalles sobre el canal presencial de la declaración de la renta 2021, y en concreto sobre las declaraciones que no pueden hacerse por esta vía. El diputado ha admitido que existen “excepciones” porque incluyen “operaciones complejas”, aunque su número es “ínfimo”. Tampoco es una novedad de esta campaña.
Arantza Urkaregi, de EH Bildu, ha pedido que se atiendan también estos casos complejos que antes se hacían en las entidades bancarias y que ahora los contribuyentes se ven obligados a contratar una asesoría. Según ella, son “muchos” y a puesto como ejemplo os casos en los que se hereda una vivienda o en un divorcio.
Por otro lado, Imanol Pradales ha informado que su departamento está trabajando en una solución “viable” paralela a la carretera Bi-3651 para enlazar el casco urbano de Alonsotegi con Ularki y Arbuio mediante un bidegorri, ya que la alternativa inicial que defiende el ayuntamiento de Alonsotegi es un trazado que utilice los pilares de La Robla por el Cadagua, algo a lo que se ha opuesto ya la Agencia URA y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. EH Bildu ha pedido un “acuerdo” con el ayuntamiento para evitar que se materialice el recorrido en el que “ya se está trabajando”, ha confirmado Pradales.
