EL PLENO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA APRUEBA LA NORMA FORAL DE MONTES

  • Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos votan afirmativamente a un texto que afectará a la gestión de casi 132.000 hectáreas de suelo forestal, el 60% de la superficie total de Bizkaia.
     
  • Ambos grupos acuerdan con los grupos de la oposición otros 14 cambios a través de enmiendas transaccionales. 
     
  • Los grupos Mixto-Elkarrekin Bizkaia y Popular Vizcaíno se abstienen en la votación y EH Bildu decide votar en contra en los artículos que ha enmendado, absteniéndose también en el resto.


(Gernika, a 22 de abril de 2026). La Norma Foral de Montes, un texto diseñado para actualizar la normativa vigente que data de 1994, ha sido aprobado esta mañana definitivamente por el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia celebrado en Gernika. La regulación cerrada ya en el Parlamento de Bizkaia, con la introducción de algunos cambios de última hora a través de la aprobación de 14 enmiendas transaccionales, afecta a la gestión de “más de 131.000 hectáreas” de suelo forestal, lo que representa el “60%” de la superficie total del territorio, de las que tres cuartas partes está en manos de titularidad privada, según ha destacado la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa Lejarreta. La cuarta parte del terreno arbolado bosque de Bizkaia es público: 20.000 hectáreas son municipales y otras 5.000 hectáreas son propiedad de la Diputación.

El dictamen de la comisión de Medio Natural y Agricultura llegaba a este último trámite parlamentario con un centenar de enmiendas de la oposición que han decaído nuevamente (algunas se han retirado tras alcanzarse diferentes acuerdos) debido al rechazo de los dos grupos que apoyan al Gobierno foral. Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos han apoyado el amplio texto normativo tras las correspondientes votaciones de sus 120 artículos, una docena de disposiciones (adicionales, transitorias, derogatoria y única) y la exposición de motivos. Los grupos de la oposición han mantenido posiciones divergentes en las votaciones. Mientras que Elkarrekin Bizkaia y el grupo Popular Vizcaíno se han abstenido, EH Bildu ha votado en contra en aquellos artículos que previamente había enmendado, absteniéndose en el resto.

En la sesión de hoy, el pleno ha aprobado 14 nuevos cambios en el texto, que se unen a las 15 enmiendas que se aprobaron en comisión. El cambio más significativo incluyó extender la prohibición de nuevas repoblaciones de eucalipto hasta que se aprueben y entren en vigor los respectivos Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF), con algunas excepciones. 

El proyecto normativo defendido por la Diputación en el pleno se fundamenta en la multifuncionalidad de los montes, buscando “un equilibrio” entre los beneficios económicos (producción de madera y empleo), medioambientales (conservación de la biodiversidad y protección del clima) y sociales (espacios de ocio y salud). Porque la norma establece una política pública “que debe de implicar a miles de personas propietarias privadas” y que implica la gestión de hasta “30 especies” de árboles diferentes.

Uno de los pilares del texto es la “simplificación” administrativa “para reducir la burocracia”. Para ello, se establece que la Diputación será "ventanilla única" para las personas titulares de los montes, en “estrecha cooperación” con los municipios. En cuanto a la organización del territorio, la norma propone tres niveles de planificación: “estratégica, táctica y operativa”. Los planes se elaborarán con procesos participativos y, en el ámbito comarcal, se priorizarán los usos más adecuados para cada zona. Asimismo, se refuerza la protección ante incendios forestales, prohibiendo el cambio de uso de los suelos incendiados durante 30 años y obligando a la restauración de la vegetación. 

El texto ha sido aprobado tras un camino “largo” en donde han participado asociaciones, universidades y sindicatos, ha destacado Atutxa. El proyecto normativo se ha redactado también teniendo en cuenta las recomendaciones de la comisión especial creada en las Juntas Generales de Bizkaia para tratar con expertos esta cuestión, con la celebración de una decena de sesiones. La norma tiene un carácter “amplio, equilibrado y con vocación de consenso”, ha resumido.


POSICIONES DE LOS GRUPOS JUNTEROS

Richar Vaquero Moreno, en representación del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, ha calificado la nueva norma de "insuficiente" y la ha tildado de "maquillaje verde con alma gris", argumentando que, pese a su lenguaje moderno, mantiene un modelo productivista sin cambios reales. El portavoz ha denunciado la falta de objetivos “cuantificables” y plazos “concretos”, alertando además sobre el riesgo que supone sustituir autorizaciones administrativas por declaraciones responsables en un contexto de crisis climática e incendios. A pesar de valorar positivamente las enmiendas logradas en materia de participación de mujeres y jóvenes o la priorización de brigadas forestales públicas, ha justificado la abstención de su grupo ante la falta de ambición para afrontar los retos del territorio.

Por parte del grupo Popular Vizcaíno, Diego Pagadigorria Wicke ha destacado la voluntad de consenso del Gobierno foral y el rigor del trabajo realizado en la comisión de estudio previa. Para su grupo, el texto final supone una mejora evidente al introducir mayor seguridad jurídica y un equilibrio necesario entre la protección de los montes y los intereses de las personas propietarias privadas. Pagadigorria Wicke ha puesto especial énfasis en la incorporación de enmiendas que garantizan el derecho a la compensación económica ante restricciones de uso, el respeto a la propiedad privada y la aplicación de un régimen sancionador basado en la proporcionalidad y la presunción de inocencia.

Isaac Berges Fernández, apoderado del grupo Socialistas Vascos, ha defendido que la norma es una actuación necesaria para actualizar un marco regulador que databa de hace tres décadas, integrando de forma inseparable las dimensiones económica, ambiental y social. Ha subrayado hitos estratégicos como el compromiso de incrementar “en un 25%” la superficie forestal de titularidad pública y el impulso a las especies autóctonas para preservar el suelo y la biodiversidad. Berges Fernández ha incidido en que la política forestal “no debe ser excesivamente intervencionista”, abogando por un modelo de corresponsabilidad y colaboración público-privada que ofrezca seguridad jurídica a los pequeños propietarios y garantice el futuro del sector rural.

Desde EH Bildu, Iratxe Arriola Alzola ha mostrado un rechazo frontal a la norma, calificándola de "muy cobarde" y de "oportunidad perdida" para transformar la gestión forestal de Bizkaia hacia un modelo de resiliencia real. La juntera de la coalición abertzale ha criticado que el texto no fija porcentajes ni fechas concretas, dejando decisiones clave en manos de planes futuros y manteniendo un modelo que considera “fracasado” bajo la tutela del sector maderero. “No se quieren alejar del lobby de la madera”, ha criticado. Arriola Alzola ha lamentado que no se hayan aceptado propuestas para prohibir las matarrasas en pendientes pronunciadas o para aumentar las distancias de seguridad entre plantaciones y núcleos de población para prevenir incendios, confirmando así el voto negativo de su formación en los artículos enmendados.

Finalmente, Jesús Lekerikabeaskoa Arrillaga, portavoz del grupo Nacionalistas Vascos, después de criticar a EH Bildu por su visión “catastrofista”, ha reivindicado el amplio consenso alcanzado tras la incorporación de una treintena de enmiendas. Ha definido la norma como una herramienta “equilibrada” que garantiza la sostenibilidad ambiental sin renunciar a la viabilidad económica de una cadena de valor maderera que considera responsable y estratégica para Euskadi. El portavoz ha defendido el trabajo realizado con las asociaciones de silvicultores y ha abogado por un compromiso compartido entre la Diputación y los ayuntamientos para aumentar la masa forestal pública, asegurando que la nueva norma representa el sentir y los intereses de una gran mayoría del territorio.


TASAS MUNICIPALES POR LAS INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado también en el pleno la modificación de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, para suprimir la exención del pago de tasas municipales por el uso del dominio público a las empresas de telefonía móvil. Esta reforma permitirá a los ayuntamientos del territorio histórico gravar a las operadoras por el aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas. Se establece un régimen de cuantificación especial que permitirá fijar la tasa en un 1,5% de los ingresos brutos que las operadoras obtengan anualmente en cada término municipal. El proyecto de norma ha sido aprobado por unanimidad.

La iniciativa normativa ha partido de una propuesta de la apoderada Eneritz de Madariaga Martín, del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, quien ha denunciado la "situación de privilegio" de la que disfrutan actualmente las compañías de telefonía móvil frente a otros servicios básicos como el agua o la electricidad. Según ha expuesto la proponente, este sector factura miles de millones de euros anuales sin contribuir económicamente por el uso privativo del espacio público en la mayoría de los municipios de Bizkaia. 


REFORZAR LA PERSPECTIVA LGTBIQ+ EN LOS SERVICIOS SOCIALES

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado también una enmienda a la totalidad presentada de forma conjunta por Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, que surge como respuesta a una moción previa de Urtzi Ostolozaga Arrien, apoderado del grupo EH Bildu, relativa a la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el sistema de acción social.

El acuerdo parlamentario insta a la Diputación a introducir la perspectiva LGTBIQ+ y el “principio de no discriminación” en el diagnóstico, planificación y desarrollo de las políticas sociales de competencia foral. El objetivo primordial es concretar medidas de prevención en el ámbito de la acción social para evitar cualquier tipo de exclusión.

Un punto destacado del acuerdo es la elaboración de “un protocolo de referencia” para asegurar el respeto a los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito residencial. Este protocolo se implantará en las residencias de titularidad foral y se facilitará a los centros concertados para garantizar una atención basada en la igualdad de trato.

Mientras que el texto de EH Bildu planteaba una exigencia directa y uniforme para toda la red (foral y concertada), la enmienda de jeltzales y socialistas opta por un enfoque de continuidad en lo foral, y de promoción y facilitación de herramientas en lo concertado.


MOCIONES RECHAZADAS

En la misma comisión, se han debatido otras tres mociones de la oposición, que, en este caso, han sido rechazadas. Una del grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, proponía acciones para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la escalada bélica en Oriente Medio. El texto instaba a la Diputación a crear una “mesa de seguimiento y concertación” con partidos políticos, agentes sociales y sectores económicos para analizar el impacto del encarecimiento de la energía y los carburantes. 

En otra moción sobre gestión de residuos orgánicos y plantas de compostaje, el principal grupo de la oposición  cuestionaba el modelo centrado en grandes infraestructuras y abogaba por “soluciones de proximidad”. La moción de EH Bildu instaba a la Diputación a mejorar la eficiencia de las plantas de compostaje actuales en Getxo, Berriatua e Igorre. Además, proponía ampliar esta red comarcal a las comarcas de Encartaciones y Busturialdea, fijando como objetivo estratégico que, para el año 2030, el compostaje comarcal fuera capaz de tratar “el 25%” de los residuos orgánicos totales del territorio.

Y, por último, el grupo Popular Vizcaíno, ha vuelto a denunciar las "graves deficiencias" de accesibilidad en la sede de valoraciones de la discapacidad de Bilbao, en la calle Lersundi, que gestiona Médicos Bizkaia. El texto proponía que la nueva licitación del servicio, cuyo contrato expira en julio de 2026, garantizase una “ubicación plenamente accesible” con ascensores adaptados, señalética específica y suelos antideslizantes.