DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN SOLIDARIDAD CON GUATEMALA

Los medios comunitarios y alternativos intentan distanciarse de las dinámicas comerciales y son acosados u hostigados como “enemigos del desarrollo del país” y de la estabilidad política de los Estados Nación, por parte de los grupos económicos fácticos que acaparan las frecuencias y la propiedad de los medios masivos de información.

Las radios comunitarias indígenas y campesinas y otros medios alternativos de comunicación, como su mismo nombre indica, son alternativas para la difusión de la información que interesa para la emancipación de los pueblos indígenas y sectores populares excluidos en el país.

En estos momentos el Estado de Guatemala no es capaz de garantizar la protección y seguridad de las personas defensoras de DDHH. Es más, las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para frenar la labor de defensa, paralizar la acción que realizan defensoras de derechos humanos, así como dar muerte política a las organizaciones de sociedad civil que defienden el Estado de Derecho, han tenido efectos negativos, pues varias personas defensoras se encuentran privadas de libertad, otras libran procesos legales largos y engorrosos y otras están en situación de exilio o han solicitado protección internacional, teniendo que privilegiar su protección personal sobre continuar con la labor que realizaban, para resguardar su vida e integridad física, moral y emocional.

En un ambiente no habilitante para el ejercicio de derechos humanos como lo es Guatemala, la labor de las defensoras de derechos humanos se encuentra en riesgo, más aún con la entrada en vigencia del Decreto 4-2020, Reformas a la Ley de ONG, la cual legaliza la criminalización y cierre de las organizaciones de sociedad civil.

Por esto, las Juntas Generales de Bizkaia;

• Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los DDHH, y nos solidarizamos con los pueblos, las personas defensoras y en particular, con las personas comunicadoras de medios comunitarios y alternativos que están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación al servicio de los pueblos y la justicia social.
• Instamos al Gobierno de Guatemala a cesar la criminalización y la estigmatización contra personas defensoras de DDHH y, particularmente defensoras del derecho a la comunicación. Así como a que se respeten a su vez los tratados internacionales en materia de libertad de expresión.
• Pedimos al Gobierno de Guatemala que garantice que el servicio de justicia cumple con su rol de impartir justicia imparcial y que se dé seguimiento a las investigaciones abiertas a personas defensoras criminalizadas.
• Pedimos también al Estado Guatemalteco que se respete y garantice la autonomía de los Pueblos Indígenas, y que se favorezca su acceso a los medios de comunicación y al ejercicio de la comunicación en idiomas originarios.